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Olga Carrasco Tristancho

Olga Carrasco Tristancho

Olga Carrasco Tristancho no escribió una bibiografía por el momento

Publicado por en en Laboral

Para tener derecho a la prestación por desempleo de los autónomos, es necesario que cumplas con éstos requisitos:

-Tienes que estar afiliado y en situación de alta en el RETA.

-Que tengas cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad, que debe haberse efectuado en los 48 meses anteriores al cese y de manera continuada en al menos los 12 meses justamente anteriores al cese.

-Tienes que estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Destacar que la cuantía a cobrar es generalmente baja, debido a que la mayoría de autónomos cotizan por la cuota  mínima, y que si no has cotizado por cese de actividad durante los  tres años anteriores, la duración del paro será bastante corta.

El tipo de cotización que te aplicarán, en concepto de protección por cese de actividad, será del 2,2% sobre la base de cotización del RETA que cotizas mensualmente.

Hasta final de 2014, esta cuota iba obligatoriamente unida a la cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales , pero desde el 1 de enero de 2015 ya no es necesario cotizar por accidentes de trabajo para poder cotizar por el cese de actividad.

Duración de la prestación

De doce a diecisiete-Dos meses

De dieciocho a veintitrés-Tres meses

De veinticuatro a veintinueve-Cuatro meses

De treinta a treinta y cinco-Cinco meses

De Treinta y seis a cuarenta y dos-Seis meses

De Cuarenta y tres a cuarenta y siete-Ocho meses

De Cuarenta y ocho en adelante-Doce meses

Cuantía de la prestación del paro para autónomos

La cuantía de la prestación para el paro de autónomo será el 70 % de tu base reguladora. La base reguladora de la prestación económica para el desempleo de autónomo será el promedio de las bases por las que hayas estado cotizando durante los doce meses inmediatamente anteriores al cese de tu actividad.

Si por ejemplo has estado cotizando por la base mínima (893,10 € en 2016), la prestación a cobrar ascenderá a 625 euros.

 

Para tener derecho a la prestación, es necesario que demuestres que el cese en la actividad está provocado por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas que impidan continuar con la actividad económica o profesional. Tras la aprobación de la Ley de Mutuas y su entrada en vigor en 2015, sólo es necesario alegar un 10% de pérdidas. Tener en cuenta que el primer año de la actividad no computa en éste caso.

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Con fecha 24 de marzo  se ha publicado el  Real Decreto Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

Esto Beneficiará  a las  empresas al agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, e implantar un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Además, se incentiva la adopción de medidas y procesos por parte de las empresas que contribuyan de manera eficaz a la reducción de accidentes o enfermedades profesionales.

Requisitos:

• El cumplimiento de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema.

• Para acceder al incentivo, se exigirá el cumplimiento por el empresario de determinadas obligaciones de prevención de riesgos laborales que se acreditarán mediante una declaración responsable. Se exige haber informado a los delegados de prevención de la solicitud de los incentivos, la cuantía de los mismos, será del 5%  del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación, con posibilidad de reconocer un incentivo adicional del 5 por 100.

• Se financiará con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. El volumen máximo de los recursos a disposición de las mutuas en cada ejercicio económico para esta finalidad será del 3 por 100 del saldo de dicho Fondo.

• Se  reconoce expresamente la competencia de los facultativos de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social para la emisión de los partes médicos de baja por contingencia profesional, de confirmación de la baja y de alta médica por curación, tal y como hacen las mutuas colaboradoras.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3125

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Publicado por en en Jurídico

JGA  Asesoría ha acudido al III Foro Doble On Huelva, en el cual, Francisco Fuentes Mora de Onuseinin, S.L. nos ha hablado de la obligatoriedad de aplicar la Protección de datos a todas la empresas públicas y privadas, autónomos, asociaciones, comunidades de propietarios, etc.

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos personales. Este control permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se pueda llegar a disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas. Datos personales son: nombres, apellidos, DNI, móvil, dirección; con lo cual, cualquier autónomo, asociación, comunidad de propietarios, etc. están obligados a aplicarla.

Obligatoriedad de la Ley

Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos, tanto privados como públicos que dispongan de datos de carácter personal a cumplir una serie de requisitos y aplicar determinadas medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean.

A grandes rasgos, las obligaciones legales fundamentales son: Dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de datos, Elaborar y mantener actualizado el Documento de Seguridad. Obtener la legitimidad de los afectados.

Régimen de sanciones

 

Las sanciones LOPD previstas para las infracciones por acción u omisión son muy elevadas. Por ejemplo, una falta “leve” como no declarar un fichero, 60.000 € (10 millones de pesetas). Pueden llegar hasta los 600.000 € (100 millones de pesetas) en el caso de una cesión de datos sin consentimiento.

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Un autónomo colaborador es un familiar del trabajador autónomo titular que convive y trabaja con él. Puede ser su cónyuge o un familiar hasta el segundo grado de consaguinidad. No debe tratarse de un trabajador por cuenta ajena.

Su incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es obligatoria. Debe darse de alta en la Seguridad Social como autónomo colaborador, con su DNI, libro de familia y una copia del alta de Hacienda del trabajador autónomo.

Existen una serie de condiciones que los familiares de los trabajadores autónomos deben cumplir para poder darse de alta y cotizar a la seguridad social como autónomo colaborador:

-Debe ser familiar directo del autónomo: cónyuge, descendientes, ascendientes y otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

-El familiar colaborador debe estar empleado de forma habitual con el autónomo. No debe de tratarse de una colaboración puntual o esporádica.

-El familiar colaborador debe convivir en el hogar del autónomo y estar a su cargo.

-No debe de estar dado de alta como trabajador por cuenta ajena, es decir, no debe cotizar en el régimen general de la seguridad social.

Desde la aprobación de la Ley3/2012 del 6 de Julio los familiares que se den de alta como autónomos colaboradores tendrán una bonificación del 50% de la cuota a la seguridad social durante 18 meses. Para poder beneficiarse de esta bonificación es requisito indispensable que se trate de una nueva alta como autónomo.

El objetivo principal de estas medidas es favorecer la cotización e inclusión el sistema de la seguridad social de aquellos familiares de los autónomos que aunque no cotizan, trabajan en el negocio familiar.

 

Finalmente, la principal ventaja de ser autónomo colaborador es que no tiene la obligación de presentar trimestralmente las declaraciones de IVA e IRPF, ya que son obligación del su pariente, el autónomo titular del negocio. Es decir, no tendrá que presentar cada tres meses el modelo 303 de IVA ni el modelo 130 de IRPF.

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El pasado mes de noviembre se dió vía libre en el Congreso a una reforma legislativa para la reforma del RETA en la nueva Ley de autónomos, con su posterior votación y  tramitación de en el Senado.

Las propuestas más destacadas que saldrán finalmente adelante con el apoyo de la Cámara son:

1.Ampliación de seis meses a un año de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos que tendrán el derecho de aplicarse reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, quedando sin esta bonificación el autónomo ya establecido.

2.Ajustar los ingresos reales del autónomo con el sistema de cotización posibilitando por ley que los trabajadores independientes cuyos ingresos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (655,20 euros) no estén obligados a cotizar.

3.Sistema más justo por tiempo de cotización. Las bajas y altas más justo se harán efectivas en el momento en el día exacto de la solicitud por lo que no se contabilizará el mes completo.

4.Mayor claridad para deducir los gastos del autónomo y evitar la diferenciación entre IVA e IRPF. Es el caso de la deducción de gastos del vehículo ligado a la actividad profesional.

5.En materia de derechos sociales:

•Bonificaciones en la baja por maternidad sin necesidad de contratar a un trabajador sustituto.  En este tema, la ley que salga adelante pretende eliminar la cuota de autónomas durante el periodo de baja por maternidad.

 

•Respecto a la  jubilación todo apunta a que se introducirán dos propuestas: contabilizar toda la vida laboral, en régimen de autónomos y general, de cara a la pensión junto con la opción de ejercer como trabajador independiente aún después de la jubilación.

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Publicado por en en Laboral

El pasado 7 de diciembre se ha publicado el Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas por la Consejería competente en materia de trabajo autónomo a aquellas personas desempleadas que vayan a iniciar una actividad económica como trabajadoras autónomas, así como a aquéllas que ya estén establecidas como tales, con la finalidad de crear empleo y mantener el ya existente a través del fomento y consolidación del trabajo autónomo.

 Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas trabajadoras autónomas con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Andalucía, que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al trabajo autónomo.

A los efectos de la presente Orden, se entenderá por trabajadoras y trabajadores autónomos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

 Quedan excluidos:

a) Los socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades comanditarias. 

b) Quienes se constituyan o se incorporen a comunidades de bienes y socios y socias de sociedades civiles sin personalidad, formando parte de las mismas como personas socias o comuneras.

c) Los socios y socias de sociedades mercantiles, sociedades laborales y cooperativas y aquellas personas que ejerzan funciones de dirección o gerencia en las mismas.

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PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS DE 45 AÑOS

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un  Programa que tiene por objeto incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad.

Este programa tiene abierta una línea de incentivos:

Incentivos para la contratación indefinida de personas mayores de 45 años

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente registro, incluidas las de economía social, y las entidades sin personalidad jurídica, ubicadas en Andalucía.

Los colectivos prioritarios para beneficiarse de estas ayudas son las personas mayores de 45 años que se encuentren en situación de demandantes de empleo no ocupados, procedentes de expedientes extintivos de regulación de empleo en la industria manufacturera localizada en el territorio de Andalucía.

Cuantía de la ayuda

La ayuda consistirá en un incentivo que se paga de una sola vez de 6.000 euros por cada contrato laboral formalizado, o de 7.500 euros si el contrato se formaliza con una persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Condiciones del contrato

El contrato laboral deberá formalizarse en un centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter indefinido, debiendo mantenerse ininterrumpidamente por un periodo mínimo de doce meses a jornada completa, con personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años. El requisito de la edad deberá cumplirse en el momento de formalización del contrato de trabajo.

 Se excluyen las siguientes contrataciones:

 Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o trabajador autónomo.

Aquellas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias.

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El 24 de mayo publiqué ya un artículo sobre la obligación de la empresa de llevar un registro de las jornadas de trabajo de sus empleados, pero debido a las dudas que nos plantean nuestros clientes sobre qué controles realiza la inspección y qué riegos pueden correr ante una inspección, quiero volver a recuperar dicho artículo y hacer incapíe en lo que, en definitiva, todos debemos conocer.

El Plan de Control 2016 de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha endurecido los controles y está incrementando la revisión de aquellos aspectos que tengan que ver con la actividad de la empresa, sus empleados y el horario de funcionamiento, con especial atención a los registros de jornada y cuadrantes de trabajo de trabajadores a tiempo parcial; pero ya también en el registro de jornadas a tiempo completo que hasta el momento no eran obligatorias.

Con ello, la Inspección de Trabajo pretende evitar el fraude en la realización de horas extraordinarias y procurar su correcta vigilancia, retribución y cotización. Incrementando la vigilancia en las empresas del sector de hostelería, ya que ha habido un incremento de contratos a jornada parcial fraudulentos, puesto que los trabajadores realizaban las horas de un contrato a tiempo completo, ahorrándose el empresario en seguros sociales y cotizando los trabajadores la mitad.

La nueva legislación exige al empresario el registro de las jornadas de los trabajadores con contrato a tiempo parcial y a jornada completa. El no cumplimiento de este control deriva en sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

Condiciones y cumplimiento del registro

El empresario debe cumplir con:

- La realización del cómputo total por mes de horas ordinarias y extraordinarias y entrega de copia del resumen al trabajador junto a su nómina.

- La conservación de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones por parte del empresario ,se presumirá automáticamente a jornada completa.

Si el incumplimiento se debiera a cuestiones formales o documentales se contemplaría una multa de entre 60 y 625 euros por una infracción considerada leve contemplada en el Art.6.6 de la Ley de Infracciones del Orden Social (LISOS).

Dándose el caso de incumplimiento en materia de jornada y conforme al Art.7 nº5 de esta Ley la imposición de multa sería a partir de los 626 euros con un grado máximo de 6.250 euros.

 

Llegado este punto resulta fundamental para el empresario el registro de horarios de la jornada por lo que debe disponer de una plantilla para gestionar su control y hacer una posterior entrega al trabajador. 

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE).

 La UE ha declarado ilegal, el pasado 14 de septiembre, el tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los trabajadores temporales.

 TJUE considera que es discriminatoria la legislación española con los trabajadores temporales debido a que no reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral. Por tanto, se exige que se reconozca una indemnización a los trabajadores temporales equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas, es decir, de 20 días por año de servicio.

Se trata de una sentencia con enormes repercusiones en nuestro sistema de relaciones laborales,  ya  que hasta ahora lo establecido eran indemnizaciones comprendidas entre ocho y 12 días por año trabajado en función del año de la firma del contrato de trabajo, y con esto nos encontramos con cuatro millones de trabajadores sujetos a un contrato temporal, que van a tener reconocida una indemnización ante la terminación de su contrato de trabajo.

En la práctica, significa equiparar los costes del despido de los trabajadores temporales a los trabajadores fijos en caso de despido procedente. De esta forma, se protege a los trabajadores temporales ante el despido.

 

La medida se aplica a todos los contratos temporales que se han suscrito y que están vigentes, o que se celebren en el futuro en nuestro país. Pero también comprende a todos los contratos temporales que se han extinguido con anterioridad a la propia fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el único límite de que no haya transcurrido el plazo de un año desde que tuvo lugar dicha extinción.

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Las mujeres autónomas también tienen derecho a su baja por maternidad de 16 semanas, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos:

REQUISITOS PARA PEDIR LA PRESTACIÓN

Para poder pedir la prestación por maternidad, una vez iniciada la baja, se tienen que cumplir los requisitos generales:

•Ser trabajador por cuenta propia. Se puede disfrutar dando igual el sexo en algunas situaciones.

•Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta (o asimilada al alta)

•Tener cotizado:

                -Si se tiene menos de 21 años: no es necesario tener cotizaciones previas

                -Si se tiene entre 21 y 26 años: •90 días en los 7 años anteriores

                                                                              •180 días en toda la vida laboral

                -Si se tiene más de 26 años:      •180 días en los 7 años anteriores

                                                                              •360 días en toda la vida laboral

•Estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Si no, hay un plazo de 30 días para estarlo.

Cuando hablamos de ser madre, no solo está protegida la maternidad biológica, si no todo el embarazo que supere los 180 días de vida del feto, y también cuando se adopta o acoge a menores de 6 años o mayores de 6 pero menores de 18 con alguna discapacidad o unas circunstancias especiales.

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La cooperativa de trabajo asociado es una forma jurídica de empresa que asocia a personas físicas que, mediante la aportación de su trabajo a tiempo parcial o completo, realizan cualquier actividad económica, profesional o social para producir en común bienes y servicios para terceros.

Como toda empresa, la cooperativa de trabajo busca obtener rentabilidad por la actividad realizada y, además, ofrece una serie de ventajas que se derivan de un modelo propio de organización interna, así como de los Principios en los que basa su filosofía:

• Es una fórmula de empleo estable; las personas se unen para satisfacer sus necesidades de trabajo en las mejores condiciones posibles, asociándose para crear la cooperativa de trabajo.

• La cooperativa es una organización democrática donde las decisiones se toman de manera igualitaria, quienes trabajan son al mismo tiempo quienes tienen la propiedad y gestionan la cooperativa, por ello, existe mayor motivación e identificación con la empresa y su supervivencia, en proyecto de futuro. De esta forma, las personas y el valor del trabajo están por encima del capital aportado.

• Es una fórmula empresarial en expansión que ofrece grandes posibilidades a los emprendedores para abrirse camino profesionalmente.

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Con motivo de la aprobación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, existe  la obligación para la empresa de registrar día a día la jornada que realizan los trabajadores a tiempo parcial.

Este Real Decreto-ley, modificó el régimen legal del contrato a tiempo parcial, de tal forma que en el art. 12 del Estatuto de los Trabajadores se establece ahora:

"c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5.

En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1.

A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios."

Sin embargo, a raíz de este cambio normativo, que sí suponía una relativa nueva obligación para la empresa, hemos tenido conocimiento de que por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social se está exigiendo, en las visitas que se realizan a las empresas, no sólo el registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, sino de todos, es decir, también de los trabajadores a tiempo completo.

En este precepto se contempla la obligación con carácter general, a efectos del cómputo de las horas extraordinarias, de registrar día a día la jornada de cada trabajador, así como de entregar una copia del resumen mensual junto con la nómina. Sin embargo, esta obligación nunca se ha cumplido, ni se ha exigido, al menos de forma generalizada, en la práctica.

Pero, a raíz del establecimiento de la obligación de registro de la jornada para los trabajadores a tiempo parcial, la Inspección de Trabajo ha tomado la decisión de controlar también sí las empresas cumplen con la obligación preexistente del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, especialmente en aquellas que no disponen de sistemas de control de presencia y horario tales como fichas, tarjetas o huellas.

En conclusión, si su empresa no dispone de sistemas de control de presencia y horario que permitan registrar la jornada diaria de los trabajadores, deberá elaborar y gestionar un registro de la jornada diaria que cada trabajador realiza, deberá totalizar la jornada efectuada por cada trabajador en función del periodo que se toma en cuenta para el abono de las retribuciones (normalmente mensual) y, por último, deberá entregar a cada trabajador una copia de dicho resumen de horas junto con su nómina.

 

 

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El artículo 44 del Estatuto de los trabajadores define la sucesión de empresa como el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.

Existe sucesión empresarial cuando la unidad productiva que se transmite ha de constituir un conjunto de elementos productivos o patrimoniales, dotado de suficiente autonomía funcional.  Y  cuando la sucesión requiere una continuidad en la actividad y prestación de servicios.

Con respecto a efectos para los trabajadores/as, la relación laboral existente entre el empresario/a y los trabajadores/as continúan, quedando el nuevo empresario/a subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, el nuevo empresario/a tiene que respetar todos los derechos y compromisos que tenía el trabajador/a con el antiguo empresario/a.

En cuanto al convenio colectivo seguirá rigiéndose por el mismo, salvo pacto en contrario, mediante acuerdo de empresa entre el nuevo empresario/a y los representantes de los trabajadores/as. Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo.

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la Junta de Andalucía  ha aprobado la ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, publicada en el B.O.J.A. con fecha 12 de enero de 2016.

Con la aprobación de la presente Ley se pretende, por un lado, consolidar los programas puestos en marcha en el ejercicio 2014, una vez confirmada su contribución positiva tanto en la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes como en la dinamización del mercado de trabajo.

Por otro lado, se incide en la creación de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando la contratación de personas mayores de 45 años y facilitando el retorno de las personas andaluzas que, desarrollando su actividad laboral en el extranjero, deseen incorporarse al mercado laboral andaluz.

Por otra parte, toda vez que el trabajo autónomo se ha mostrado como una de las opciones efectivas para la creación de empleo, se asume como uno de los compromisos primordiales del Gobierno andaluz, en el desarrollo de sus políticas de acción social, la creación de empleo estable en nuestra Comunidad Autónoma y, por consiguiente, el fortalecimiento de una cultura empresarial que ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad laboral y calidad en el empleo . En 2014 se ha podido alcanzar el objetivo de creación neta de empleo, con 16.553 empleos de trabajo autónomo. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad mucho más dura, puesto que mientras que el total de altas ascendió a 145.841 en el año 2014, el número de bajas de autónomos en el mismo fue de 129.288, una cifra excesivamente alta que denota las dificultades de supervivencia de este tipo de empleo.

En consecuencia, estos datos avalan la necesidad de seguir impulsando la creación de trabajo autónomo en la doble dirección que se establece en la presente Ley: de un lado, fomentando la creación de nuevos empleos autónomos y, de otro, mediante el mantenimiento y la consolidación del mismo.

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LOS EXTRANJEROS QUE SE RELACIONEN CON ESPAÑA POR RAZÓN DE SUS INTERESES ECONÓMICOS, PROFESIONALES O SOCIALES PODRÁN SOLICITAR PERSONALMENTE EL NIE.

El artículo 206 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establece que los extranjeros que por sus intereses económicos, profesionales o sociales se relacionen con España serán dotados, a los efectos de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial.

Consecuentemente, los extranjeros que se relacionen con España por razón de sus intereses económicos, profesionales o sociales podrán solicitar personalmente el NIE a la Dirección General de la Policía, directamente o a través de las Oficinas Consulares de España en el exterior.

La solicitud deberá ser presentada en la Oficina Consular en cuya demarcación resida el extranjero, personalmente o a través de representante debidamente acreditado, adjuntando a la solicitud una copia de la página biográfica del pasaporte en la que consten los datos de su titular (si se trata de Ciudadanos de la Unión se podrá aportar copia de la tarjeta de identidad), y acreditar los intereses económicos, profesionales o sociales que justifican la petición.

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1.       ¿Qué es la pluriactividad?

Cuando en el mercado laboral hablamos de pluriactividad, nos referimos a la posibilidad de poder cotizar en dos regímenes, a la posibilidad de trabajar por cuenta ajena  y además, darnos de alta como autónomo/a. ¿Es viable esta situación? totalmente si, se puede trabajar para una empresa y también poder montar tu propio negocio, a no ser que firmes con tu empresa un contrato en exclusividad, pero si no es así, es totalmente compatible trabajar y cotizar en régimen general y en RETA.

Lo único que habría que tener presente es el exceso de cotización, para lo cual se puede solicitar la  devolución de cuotas a la seguridad social.

Para que los autónomos en situación de pluriactividad puedan optar por la devolución del exceso de cuotas  deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Que hayan optado por cotizar por contingencias comunes en régimen de pluriactividad.

- Y que la suma de las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el Régimen General, y las efectuadas en el Régimen Especial sean iguales o superiores a la cantidad establecida por la seguridad social, cifra que varía anualmente.

Tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la cantidad establecida, con el límite del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial, por contingencias comunes de cobertura obligatoria.

Para tener derecho a la devolución habrá que solicitarla los cuatro primeros meses de cada año.

2.       Derecho a la tarifa plana

¿Derecho a la tarifa plana o no?, cuestión que se nos plantea normalmente, pues depende según en que situación este ahora y en que régimen se va a dar de alta inicial.

·         Si el alta inicial es en RETA y se cumplen las condiciones para acogerse a la tarifa plana y con posterioridad se produce el alta en régimen general, se mantiene la  tarifa plana.

·         Si es el caso contrario, alta inicial en régimen general y posterior alta en RETA inicial, se aplica lo establecido en el art. 28 ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE 28-9-13)

La Ley de Emprendedores del año 2013 toma en consideración esta especial situación y  como parte de la estrategia de fomento del emprendimiento y el autoempleo, dentro del articulado de la ley, se recogen medidas cuyo fin es ayudar a los profesionales que se encuentren en situación de pluriactividad.

Artículo 28. Cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento.

1. Los trabajadores que causen alta por primera vez en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta norma, podrán elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50 por ciento de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial.

2. En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por ciento de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida entre el 75 por ciento de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial.

 

3. La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113 Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, o artículos equivalentes de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

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El pasado 26 de julio entraba en vigor el Real Decreto 708/2015 que reduce el plazo para comunicar las variaciones de datos a la Seguridad Social de 6 a 3 días naturales. Este nuevo plazo afecta a la comunicación de bajas o cambios de afiliación, jornada o tipo de contrato. También habrá que comunicar en 3 días la extinción de la empresa y el cese de actividad. Es decir, una baja del 2 de agosto habrá que transmitirla a la Seguridad Social, como máximo, el día 5 del mismo mes.

Concretamente, las operaciones más importantes que se ven afectadas son las siguientes:

– Cambio de tipo de cotización.

– Cambio de contrato (tipo/coeficiente/características).

– Cambio de ocupación de AT.

– Cambio de categoría profesional.

– Situaciones adicionales de afiliación.

– Cambios de coeficiente reductor de la edad de jubilación.

– Corrección de modalidad de cotización.

– Baja (también puede presentarse previamente).

Las variaciones de datos comunicadas fuera de plazo surtirán efectos a partir del día en que se comuniquen, salvo cuando la variación producida en una fecha anterior tuviera repercusión en la cotización. En ese caso retrotraerá sus efectos al día en que hubiera tenido lugar, procediendo tanto la reclamación de las cuotas que resulten exigibles como el derecho a la devolución de aquellas que hubieran sido ingresadas indebidamente, siempre que unas y otras no sean anteriores a los últimos cuatro años.

Si la baja se solicita fuera de plazo, la obligación de cotizar continuará hasta el día en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca el cese en el trabajo.

La variación de plazo no afecta a las altas, que deben ser siempre previas al inicio de la relación laboral. Pueden ser hasta 60 días anteriores, como máximo, aunque las altas presentadas con carácter previo surten efectos a partir del día en que se inicie la actividad.

Las altas presentadas fuera de plazo tendrán efectos desde el día en que se presente la solicitud, salvo que el ingreso de las cuotas se hubiera producido en el plazo reglamentario. En ese caso, el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado dichas cuotas. Las altas realizadas de oficio retrotraerán sus efectos a la fecha en que los hechos que las motiven hayan sido conocidos.

 

El cambio obedece a la implantación del nuevo sistema de liquidación de los Seguros Sociales, el sistema Creta, por lo que habrá que observar mayor diligencia en las comunicaciones con la Seguridad Social para no tener que estar haciendo correcciones e incluso evitar problemas mayores.

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 La nueva página web de información personal en materia de Seguridad Social

Se trata de una página diseñada para facilitar al ciudadano el acceso a la información individualizada acerca de su relación con el sistema público de Seguridad Social. Se muestra diferente para cada usuario, porque se corresponde a su circunstancia y condiciones laborales.

 Realmente, se trata de un espacio privado donde se puede encontrar información completa de cualquier relación que el ciudadano mantenga con la Seguridad Social como trabajador, pensionista, etc.

Destacable, sobre todo, es la máxima seguridad en el acceso a las informaciones. Para ello, el primer paso será registrarse en una Oficina de Información de la Seguridad Social. De esta forma, obtendrá un código de activación que le permitirá crear su propia contraseña.

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