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Blog de la Asesoría on line JGA

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Invitado no escribió una bibiografía por el momento

Con fecha 24 de marzo  se ha publicado el  Real Decreto Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

Esto Beneficiará  a las  empresas al agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, e implantar un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Además, se incentiva la adopción de medidas y procesos por parte de las empresas que contribuyan de manera eficaz a la reducción de accidentes o enfermedades profesionales.

Requisitos:

• El cumplimiento de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema.

• Para acceder al incentivo, se exigirá el cumplimiento por el empresario de determinadas obligaciones de prevención de riesgos laborales que se acreditarán mediante una declaración responsable. Se exige haber informado a los delegados de prevención de la solicitud de los incentivos, la cuantía de los mismos, será del 5%  del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación, con posibilidad de reconocer un incentivo adicional del 5 por 100.

• Se financiará con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. El volumen máximo de los recursos a disposición de las mutuas en cada ejercicio económico para esta finalidad será del 3 por 100 del saldo de dicho Fondo.

• Se  reconoce expresamente la competencia de los facultativos de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social para la emisión de los partes médicos de baja por contingencia profesional, de confirmación de la baja y de alta médica por curación, tal y como hacen las mutuas colaboradoras.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3125

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Publicado por en en Jurídico

JGA  Asesoría ha acudido al III Foro Doble On Huelva, en el cual, Francisco Fuentes Mora de Onuseinin, S.L. nos ha hablado de la obligatoriedad de aplicar la Protección de datos a todas la empresas públicas y privadas, autónomos, asociaciones, comunidades de propietarios, etc.

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos personales. Este control permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se pueda llegar a disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas. Datos personales son: nombres, apellidos, DNI, móvil, dirección; con lo cual, cualquier autónomo, asociación, comunidad de propietarios, etc. están obligados a aplicarla.

Obligatoriedad de la Ley

Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos, tanto privados como públicos que dispongan de datos de carácter personal a cumplir una serie de requisitos y aplicar determinadas medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean.

A grandes rasgos, las obligaciones legales fundamentales son: Dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de datos, Elaborar y mantener actualizado el Documento de Seguridad. Obtener la legitimidad de los afectados.

Régimen de sanciones

 

Las sanciones LOPD previstas para las infracciones por acción u omisión son muy elevadas. Por ejemplo, una falta “leve” como no declarar un fichero, 60.000 € (10 millones de pesetas). Pueden llegar hasta los 600.000 € (100 millones de pesetas) en el caso de una cesión de datos sin consentimiento.

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Un autónomo colaborador es un familiar del trabajador autónomo titular que convive y trabaja con él. Puede ser su cónyuge o un familiar hasta el segundo grado de consaguinidad. No debe tratarse de un trabajador por cuenta ajena.

Su incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es obligatoria. Debe darse de alta en la Seguridad Social como autónomo colaborador, con su DNI, libro de familia y una copia del alta de Hacienda del trabajador autónomo.

Existen una serie de condiciones que los familiares de los trabajadores autónomos deben cumplir para poder darse de alta y cotizar a la seguridad social como autónomo colaborador:

-Debe ser familiar directo del autónomo: cónyuge, descendientes, ascendientes y otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

-El familiar colaborador debe estar empleado de forma habitual con el autónomo. No debe de tratarse de una colaboración puntual o esporádica.

-El familiar colaborador debe convivir en el hogar del autónomo y estar a su cargo.

-No debe de estar dado de alta como trabajador por cuenta ajena, es decir, no debe cotizar en el régimen general de la seguridad social.

Desde la aprobación de la Ley3/2012 del 6 de Julio los familiares que se den de alta como autónomos colaboradores tendrán una bonificación del 50% de la cuota a la seguridad social durante 18 meses. Para poder beneficiarse de esta bonificación es requisito indispensable que se trate de una nueva alta como autónomo.

El objetivo principal de estas medidas es favorecer la cotización e inclusión el sistema de la seguridad social de aquellos familiares de los autónomos que aunque no cotizan, trabajan en el negocio familiar.

 

Finalmente, la principal ventaja de ser autónomo colaborador es que no tiene la obligación de presentar trimestralmente las declaraciones de IVA e IRPF, ya que son obligación del su pariente, el autónomo titular del negocio. Es decir, no tendrá que presentar cada tres meses el modelo 303 de IVA ni el modelo 130 de IRPF.

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Ya se venía anunciando hace tiempo, pero no terminaba de prosperar. Finalmente, ya es un hecho un nuevo sistema de declarar el IVA, que entrará en vigor el próximo mes de julio de este año.

Actualmente es obligatorio para un determinado colectivo de contribuyentes, en concreto:

-          Empresas con un volumen de facturación superior a 6 millones de euros o grandes empresas.

-          Grupos de IVA.

-      Inscritos en el Registro de Devolución Mensual de IVA.

Aparte de este colectivo, todo aquel que libremente decida acogerse a él podrá hacerlo solicitándolo en el mes de noviembre anterior al año en el que se vaya a aplicar. Y  en este año 2017, dado que comienza a aplicarse en julio, se podrá solicitar el acogerse voluntariamente a él en el mes de junio.

Eso si, hay que saber que si decides acogerte a él voluntariamente existe obligación de presentar los modelos de IVA de manera mensual en lugar de trimestral, y existirá la obligación de permanecer en el sistema durante un año.

No obstante, este sistema que ya se usa en otros países, no tardará en aplicarse a todos los contribuyentes de manera obligatoria.

Pero no adelantemos acontecimientos y paso ya a explicar a groso modo en que consiste dicho sistema.

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El pasado mes de noviembre se dió vía libre en el Congreso a una reforma legislativa para la reforma del RETA en la nueva Ley de autónomos, con su posterior votación y  tramitación de en el Senado.

Las propuestas más destacadas que saldrán finalmente adelante con el apoyo de la Cámara son:

1.Ampliación de seis meses a un año de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos que tendrán el derecho de aplicarse reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, quedando sin esta bonificación el autónomo ya establecido.

2.Ajustar los ingresos reales del autónomo con el sistema de cotización posibilitando por ley que los trabajadores independientes cuyos ingresos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (655,20 euros) no estén obligados a cotizar.

3.Sistema más justo por tiempo de cotización. Las bajas y altas más justo se harán efectivas en el momento en el día exacto de la solicitud por lo que no se contabilizará el mes completo.

4.Mayor claridad para deducir los gastos del autónomo y evitar la diferenciación entre IVA e IRPF. Es el caso de la deducción de gastos del vehículo ligado a la actividad profesional.

5.En materia de derechos sociales:

•Bonificaciones en la baja por maternidad sin necesidad de contratar a un trabajador sustituto.  En este tema, la ley que salga adelante pretende eliminar la cuota de autónomas durante el periodo de baja por maternidad.

 

•Respecto a la  jubilación todo apunta a que se introducirán dos propuestas: contabilizar toda la vida laboral, en régimen de autónomos y general, de cara a la pensión junto con la opción de ejercer como trabajador independiente aún después de la jubilación.

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El Real Decreto Ley 3/2016 publicado el pasado 2 de diciembre impedía poder seguir solicitando aplazamientos para el pago de las deudas contraídas por los impuestos a presentar,  como hasta ahora se venía haciendo.

 

En concreto se impide aplazar el pago a cuenta sobre el Impuesto de Sociedades para las sociedades limitadas, anónimas y resto de tipos de sociedades que tributan en este impuesto.

 

Pero además, en dicho texto se impedía solicitar aplazamiento en el pago del IVA, a menos que se demuestre que las facturas que hemos emitidos no han sido cobradas, tarea ésta última bastante difícil, a menos que nuestro cliente sea una Administración Pública, en cuyo caso, si hemos emitido la correspondiente factura electrónica, podremos presentar ante Hacienda el listado de la situación de impago en la que se encuentra dicha factura.

 

Esta última medida, y ante la actuación de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), ha sido modificada en lo que atañe a los autónomos, tras las negociaciones habidas entre Hacienda y este organismo.

 

De hecho en la misma página de la Agencia Tributaria se ha publicado la rectificación, que transcribo en los siguientes párrafos:

 

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El pasado 7 de diciembre se ha publicado el Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas por la Consejería competente en materia de trabajo autónomo a aquellas personas desempleadas que vayan a iniciar una actividad económica como trabajadoras autónomas, así como a aquéllas que ya estén establecidas como tales, con la finalidad de crear empleo y mantener el ya existente a través del fomento y consolidación del trabajo autónomo.

 Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas trabajadoras autónomas con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Andalucía, que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al trabajo autónomo.

A los efectos de la presente Orden, se entenderá por trabajadoras y trabajadores autónomos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

 Quedan excluidos:

a) Los socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades comanditarias. 

b) Quienes se constituyan o se incorporen a comunidades de bienes y socios y socias de sociedades civiles sin personalidad, formando parte de las mismas como personas socias o comuneras.

c) Los socios y socias de sociedades mercantiles, sociedades laborales y cooperativas y aquellas personas que ejerzan funciones de dirección o gerencia en las mismas.

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PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS DE 45 AÑOS

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un  Programa que tiene por objeto incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad.

Este programa tiene abierta una línea de incentivos:

Incentivos para la contratación indefinida de personas mayores de 45 años

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente registro, incluidas las de economía social, y las entidades sin personalidad jurídica, ubicadas en Andalucía.

Los colectivos prioritarios para beneficiarse de estas ayudas son las personas mayores de 45 años que se encuentren en situación de demandantes de empleo no ocupados, procedentes de expedientes extintivos de regulación de empleo en la industria manufacturera localizada en el territorio de Andalucía.

Cuantía de la ayuda

La ayuda consistirá en un incentivo que se paga de una sola vez de 6.000 euros por cada contrato laboral formalizado, o de 7.500 euros si el contrato se formaliza con una persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Condiciones del contrato

El contrato laboral deberá formalizarse en un centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter indefinido, debiendo mantenerse ininterrumpidamente por un periodo mínimo de doce meses a jornada completa, con personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años. El requisito de la edad deberá cumplirse en el momento de formalización del contrato de trabajo.

 Se excluyen las siguientes contrataciones:

 Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o trabajador autónomo.

Aquellas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias.

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El 24 de mayo publiqué ya un artículo sobre la obligación de la empresa de llevar un registro de las jornadas de trabajo de sus empleados, pero debido a las dudas que nos plantean nuestros clientes sobre qué controles realiza la inspección y qué riegos pueden correr ante una inspección, quiero volver a recuperar dicho artículo y hacer incapíe en lo que, en definitiva, todos debemos conocer.

El Plan de Control 2016 de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha endurecido los controles y está incrementando la revisión de aquellos aspectos que tengan que ver con la actividad de la empresa, sus empleados y el horario de funcionamiento, con especial atención a los registros de jornada y cuadrantes de trabajo de trabajadores a tiempo parcial; pero ya también en el registro de jornadas a tiempo completo que hasta el momento no eran obligatorias.

Con ello, la Inspección de Trabajo pretende evitar el fraude en la realización de horas extraordinarias y procurar su correcta vigilancia, retribución y cotización. Incrementando la vigilancia en las empresas del sector de hostelería, ya que ha habido un incremento de contratos a jornada parcial fraudulentos, puesto que los trabajadores realizaban las horas de un contrato a tiempo completo, ahorrándose el empresario en seguros sociales y cotizando los trabajadores la mitad.

La nueva legislación exige al empresario el registro de las jornadas de los trabajadores con contrato a tiempo parcial y a jornada completa. El no cumplimiento de este control deriva en sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

Condiciones y cumplimiento del registro

El empresario debe cumplir con:

- La realización del cómputo total por mes de horas ordinarias y extraordinarias y entrega de copia del resumen al trabajador junto a su nómina.

- La conservación de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones por parte del empresario ,se presumirá automáticamente a jornada completa.

Si el incumplimiento se debiera a cuestiones formales o documentales se contemplaría una multa de entre 60 y 625 euros por una infracción considerada leve contemplada en el Art.6.6 de la Ley de Infracciones del Orden Social (LISOS).

Dándose el caso de incumplimiento en materia de jornada y conforme al Art.7 nº5 de esta Ley la imposición de multa sería a partir de los 626 euros con un grado máximo de 6.250 euros.

 

Llegado este punto resulta fundamental para el empresario el registro de horarios de la jornada por lo que debe disponer de una plantilla para gestionar su control y hacer una posterior entrega al trabajador. 

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Esta es la pregunta que se hacen muchos empresarios y pequeños autónomos que ejercen su actividad y cuyo nivel de facturación es superior al nivel de gastos de manera suficiente para generar un beneficio por el que tanto la empresa como el autónomo tendrá que pagar, el Impuesto de Sociedades la primera, y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el segundo.

La respuesta a esta pregunta no es única, y por supuesto hay que partir de la base que beneficio no es sinónimo de tesorería, entendiendo por ésta última el dinero que poseo en mi caja y/o banco.

Y es que ingresos y gastos se contabilizan según el criterio del devengo, esto es, cuando se generan, independientemente del momento en que estos se cobren, y de ahí el desfase.

Una de las causas de la falta de liquidez de muchas empresas que tienen una importante facturación, ha venido siendo en estos últimos tiempos por los impagos de clientes, unido al hecho de que se tienen gastos fijos de pago casi inmediato, y de proveedores de los cuales dependen las empresas cuyos períodos de pago son cortos.

En esas circunstancias, si sólo una parte de mis ingresos totales entran en el banco y sin embargo si tengo que cumplir religiosamente con los pagos, es evidente que no dispongo de la misma liquidez que el beneficio generado.

En estos casos,  si tus proveedores no te dan margen de pago hay que intentar que tus clientes te paguen al menos con el mismo margen que el que te dan tus proveedores para evitar problemas de liquidez.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE).

 La UE ha declarado ilegal, el pasado 14 de septiembre, el tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los trabajadores temporales.

 TJUE considera que es discriminatoria la legislación española con los trabajadores temporales debido a que no reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral. Por tanto, se exige que se reconozca una indemnización a los trabajadores temporales equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas, es decir, de 20 días por año de servicio.

Se trata de una sentencia con enormes repercusiones en nuestro sistema de relaciones laborales,  ya  que hasta ahora lo establecido eran indemnizaciones comprendidas entre ocho y 12 días por año trabajado en función del año de la firma del contrato de trabajo, y con esto nos encontramos con cuatro millones de trabajadores sujetos a un contrato temporal, que van a tener reconocida una indemnización ante la terminación de su contrato de trabajo.

En la práctica, significa equiparar los costes del despido de los trabajadores temporales a los trabajadores fijos en caso de despido procedente. De esta forma, se protege a los trabajadores temporales ante el despido.

 

La medida se aplica a todos los contratos temporales que se han suscrito y que están vigentes, o que se celebren en el futuro en nuestro país. Pero también comprende a todos los contratos temporales que se han extinguido con anterioridad a la propia fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el único límite de que no haya transcurrido el plazo de un año desde que tuvo lugar dicha extinción.

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En España existen muchas posibilidades a la hora de asociarnos para crear una empresa en común que desarrolle una actividad, ya sea porque hayamos decidido que es el siguiente paso en nuestro negocio para crecer, o porque estemos trabajando con otras personas y necesitemos dar forma a ese negocio en común.

También en algunos casos la necesidad de asociarnos se puede deber a la necesidad de unir capitales, trabajo o para satisfacer necesidades comunes.

 En este artículo voy a referirme sobre todo al tipo de asociación mercantil, derivada de la necesidad de desarrollar un negocio por varias personas, ya sea por uno u otros motivos.

 Al hablar de sociedades las primeras que se nos vienen a todos a la cabeza, son la sociedad anónima y la sociedad limitada.

La sociedad anónima no requiere un mínimo de socios, pudiendo ser hasta uno (en cuyo caso sería unipersonal), y se ha de constituir con un capital mínimo algo elevado de 60.000,00 € que ha de estar desembolsado en un 25%. La responsabilidad de los socios está limitada a su aportación.

 Este tipo de sociedad es más indicada para negocios de un gran tamaño o que requieran una importante inversión.

 Y en cuanto a la responsabilidad del socio, quiere decir que en caso de deudas impagadas por la sociedad deberá responder el socio hasta el importe de su aportación.

La sociedad limitada, tampoco tiene número mínimo de socios, pero el capital social mínimo es de 3.000,00 €, que ha de estar totalmente desembolsado, siendo también la responsabilidad del socio limitada a su aportación.

Al ser menor el capital social a desembolsar, está más pensada para pequeños negocios o de poca inversión.

En estos dos tipos de sociedades los socios que sean administradores o posean el control efectivo de la sociedad deberán en el régimen especial de autónomos, y el resto de socios podrán estar en régimen general.

 Aparte de estos dos tipos hay muchas más formas, de las cuales hablaremos en este artículo de algunas.

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Publicado por en en Laboral

Las mujeres autónomas también tienen derecho a su baja por maternidad de 16 semanas, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos:

REQUISITOS PARA PEDIR LA PRESTACIÓN

Para poder pedir la prestación por maternidad, una vez iniciada la baja, se tienen que cumplir los requisitos generales:

•Ser trabajador por cuenta propia. Se puede disfrutar dando igual el sexo en algunas situaciones.

•Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta (o asimilada al alta)

•Tener cotizado:

                -Si se tiene menos de 21 años: no es necesario tener cotizaciones previas

                -Si se tiene entre 21 y 26 años: •90 días en los 7 años anteriores

                                                                              •180 días en toda la vida laboral

                -Si se tiene más de 26 años:      •180 días en los 7 años anteriores

                                                                              •360 días en toda la vida laboral

•Estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Si no, hay un plazo de 30 días para estarlo.

Cuando hablamos de ser madre, no solo está protegida la maternidad biológica, si no todo el embarazo que supere los 180 días de vida del feto, y también cuando se adopta o acoge a menores de 6 años o mayores de 6 pero menores de 18 con alguna discapacidad o unas circunstancias especiales.

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Publicado por en en Opinión

Aunque habitualmente este blog trata de temas relativos a novedades y aspectos fiscales, laborales, jurídicas y contables, hoy hago una excepción para hablar de una curiosa consulta que más de una vez  ha llegado a mis oídos.

Y no se trata tanto de la curiosidad de la pregunta en sí, como del convencimiento para algunas personas de que existe una respuesta a dicha pregunta.

Y debo reconocer que yo misma me he preguntado alguna vez, en que negocio invertir que me permita recuperar inmediatamente lo invertido y me haga obtener beneficios de forma instantánea. 

Y por qué, cuando ves negocios sencillos y que generan una pronta rentabilidad, no te has preguntado alguna vez como no se me ha ocurrido a mí y lo he llevado a la práctica, y si ya tienes un negocio en marcha, no hayas pensado alguna vez, me he equivocado de negocio.

Después de reflexionar sobre este tema, mi opinión es que no hay negocios rentables o malos negocios, y son las personas que los gestionan los responsables de éxito y fracaso de un negocio.

Aunque cuando te falla un negocio, intentas evadir tu culpa y achacar esos fallos a factores externos, como la crisis, la competencia, las modas, etc.

Sin embargo hay situaciones que se producen de negocios iguales y que sin embargo a distintos gerentes de los mismos le generan una rentabilidad distinta, y si para uno pueda ser exitoso, para el otro puede ser un auténtico fracaso.

Como ejemplo es posible que hayas observado lugares donde estaban ubicados un determinado bar o restaurante que cierra por no obtener rentabilidad, y después de un tiempo el mismo bar vuelve  a abrir con otras personas que lo gestionan, y que convierten a ese mismo negocio de un fracaso a un éxito.

Quiere esto decir que la gestión del segundo negocio expuesto en el anterior párrafo es un factor determinante para el éxito. 

 

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Publicado por en en Laboral

 

La cooperativa de trabajo asociado es una forma jurídica de empresa que asocia a personas físicas que, mediante la aportación de su trabajo a tiempo parcial o completo, realizan cualquier actividad económica, profesional o social para producir en común bienes y servicios para terceros.

Como toda empresa, la cooperativa de trabajo busca obtener rentabilidad por la actividad realizada y, además, ofrece una serie de ventajas que se derivan de un modelo propio de organización interna, así como de los Principios en los que basa su filosofía:

• Es una fórmula de empleo estable; las personas se unen para satisfacer sus necesidades de trabajo en las mejores condiciones posibles, asociándose para crear la cooperativa de trabajo.

• La cooperativa es una organización democrática donde las decisiones se toman de manera igualitaria, quienes trabajan son al mismo tiempo quienes tienen la propiedad y gestionan la cooperativa, por ello, existe mayor motivación e identificación con la empresa y su supervivencia, en proyecto de futuro. De esta forma, las personas y el valor del trabajo están por encima del capital aportado.

• Es una fórmula empresarial en expansión que ofrece grandes posibilidades a los emprendedores para abrirse camino profesionalmente.

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Con motivo de la aprobación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, existe  la obligación para la empresa de registrar día a día la jornada que realizan los trabajadores a tiempo parcial.

Este Real Decreto-ley, modificó el régimen legal del contrato a tiempo parcial, de tal forma que en el art. 12 del Estatuto de los Trabajadores se establece ahora:

"c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5.

En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1.

A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios."

Sin embargo, a raíz de este cambio normativo, que sí suponía una relativa nueva obligación para la empresa, hemos tenido conocimiento de que por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social se está exigiendo, en las visitas que se realizan a las empresas, no sólo el registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, sino de todos, es decir, también de los trabajadores a tiempo completo.

En este precepto se contempla la obligación con carácter general, a efectos del cómputo de las horas extraordinarias, de registrar día a día la jornada de cada trabajador, así como de entregar una copia del resumen mensual junto con la nómina. Sin embargo, esta obligación nunca se ha cumplido, ni se ha exigido, al menos de forma generalizada, en la práctica.

Pero, a raíz del establecimiento de la obligación de registro de la jornada para los trabajadores a tiempo parcial, la Inspección de Trabajo ha tomado la decisión de controlar también sí las empresas cumplen con la obligación preexistente del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, especialmente en aquellas que no disponen de sistemas de control de presencia y horario tales como fichas, tarjetas o huellas.

En conclusión, si su empresa no dispone de sistemas de control de presencia y horario que permitan registrar la jornada diaria de los trabajadores, deberá elaborar y gestionar un registro de la jornada diaria que cada trabajador realiza, deberá totalizar la jornada efectuada por cada trabajador en función del periodo que se toma en cuenta para el abono de las retribuciones (normalmente mensual) y, por último, deberá entregar a cada trabajador una copia de dicho resumen de horas junto con su nómina.

 

 

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Como ya viene siendo habitual en nuestra web, te ofrecemos la posibilidad de que te descargues nuestra guía para cumplir obligaciones básicas, para orientar a aquellas personas que se deciden a iniciar sus negocios.

E igualmente, sirve para aquellas personas que ya se atrevieron a esta difícil hazaña, y aunque tengan un asesor, no acaben de entender muy bien de que va todo, ya que en nuestro despacho solemos recibir a personas cuya principal queja es que sus asesores no les informan.

Pues bien, si eres de uno u otro grupo, esta guía te puede resultar útil, ya que he tratado de simplificarla al máximo, pues se trata de que tengas unas nociones básicas de las obligaciones contables, fiscales y laborales que has de cumplir al iniciar tu negocio, y después de iniciarlo, para evitar que te sancionen.

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El artículo 44 del Estatuto de los trabajadores define la sucesión de empresa como el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.

Existe sucesión empresarial cuando la unidad productiva que se transmite ha de constituir un conjunto de elementos productivos o patrimoniales, dotado de suficiente autonomía funcional.  Y  cuando la sucesión requiere una continuidad en la actividad y prestación de servicios.

Con respecto a efectos para los trabajadores/as, la relación laboral existente entre el empresario/a y los trabajadores/as continúan, quedando el nuevo empresario/a subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, el nuevo empresario/a tiene que respetar todos los derechos y compromisos que tenía el trabajador/a con el antiguo empresario/a.

En cuanto al convenio colectivo seguirá rigiéndose por el mismo, salvo pacto en contrario, mediante acuerdo de empresa entre el nuevo empresario/a y los representantes de los trabajadores/as. Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo.

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Desde el pasado año 2014, que fue el primer año de obligación, las comunidades de propietarios que figuren inscritas en el censo de la Agencia Tributaria, como tales,  con su CIF correspondiente, están obligadas a presentar la declaración de operaciones con terceros o modelo 347.

 

Esto es,  si se ha realizado en la comunidad de tu edificio algún tipo de servicio por parte de algún empresario o profesional que supere en el año la cantidad de 3.005,06 €, estará obligada a la presentación de este resumen anal de operaciones con terceros de más de 3.005,06€.

 

Así por ejemplo, si por parte de la comunidad se paga el mantenimiento del ascensor, o si se ha efectuado alguna obra o reparación por la que un empresario encargado de efectuarla haya girado una o varias facturas de montante superior a dicho importe, es la comunidad la obligada a presentar en la Agencia Tributaria este modelo 347 en el que deberá declarar el cómputo anual de las operaciones por las que se haya pagado la cantidad de 3.005,06 € o más.

 

Sin embargo, aquellas comunidades que no hayan realizado con un mismo empresario o profesional operaciones que supere dicha cantidad, no deberá presentar a la agencia tributaria declaración alguna.

 

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la Junta de Andalucía  ha aprobado la ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, publicada en el B.O.J.A. con fecha 12 de enero de 2016.

Con la aprobación de la presente Ley se pretende, por un lado, consolidar los programas puestos en marcha en el ejercicio 2014, una vez confirmada su contribución positiva tanto en la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes como en la dinamización del mercado de trabajo.

Por otro lado, se incide en la creación de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando la contratación de personas mayores de 45 años y facilitando el retorno de las personas andaluzas que, desarrollando su actividad laboral en el extranjero, deseen incorporarse al mercado laboral andaluz.

Por otra parte, toda vez que el trabajo autónomo se ha mostrado como una de las opciones efectivas para la creación de empleo, se asume como uno de los compromisos primordiales del Gobierno andaluz, en el desarrollo de sus políticas de acción social, la creación de empleo estable en nuestra Comunidad Autónoma y, por consiguiente, el fortalecimiento de una cultura empresarial que ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad laboral y calidad en el empleo . En 2014 se ha podido alcanzar el objetivo de creación neta de empleo, con 16.553 empleos de trabajo autónomo. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad mucho más dura, puesto que mientras que el total de altas ascendió a 145.841 en el año 2014, el número de bajas de autónomos en el mismo fue de 129.288, una cifra excesivamente alta que denota las dificultades de supervivencia de este tipo de empleo.

En consecuencia, estos datos avalan la necesidad de seguir impulsando la creación de trabajo autónomo en la doble dirección que se establece en la presente Ley: de un lado, fomentando la creación de nuevos empleos autónomos y, de otro, mediante el mantenimiento y la consolidación del mismo.

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